El sector lácteo lleva dos años haciendo frente a una crisis, y 2022 no fue una excepción. En diciembre de ese año, el sector había perdido músculo financiero debido al aumento de los costes de producción, y las pequeñas y medianas empresas (PYME) se vieron obligadas a ralentizar su producción en previsión de un 2023 igualmente difícil. El principal factor de este aumento de los costes es la incapacidad de la industria para repercutir el precio de la leche del ganadero al consumidor final. Sólo en el último año, el precio de la leche ha subido un 62%, mientras que el precio de venta al público sólo ha subido un 30%.
Además, la industria se enfrenta a una nueva legislación que aumenta sus costes, así como los de la energía, el gas, el envasado y la mano de obra. Esto está provocando una erosión de sus márgenes comerciales y financieros, algo a lo que muchas PYME no pueden hacer frente. Como consecuencia, algunas han dejado de producir por completo, mientras que otras están reduciendo su actividad. La ley de la cadena que se reformó este año tampoco ha sido capaz de distribuir eficazmente los costes entre los distintos eslabones.
En el lado positivo, la industria sigue utilizando casi exclusivamente leche española y desempeña un papel importante en el medio rural, ya que la mayoría de sus 1.600 instalaciones se encuentran en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. También ha conseguido reducir la cantidad de azúcar añadido en muchos productos, superando los objetivos fijados por el Gobierno.
A pesar de ello, el sector lácteo español sigue enfrentándose a una situación «especialmente grave», y no hay indicios de que 2023 vaya a ser mejor. Está claro que el sector debe seguir adaptándose para sobrevivir a esta crisis.
